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Quién es George Pell, el “cardenal Rambo” que se convirtió en el más alto prelado de la Iglesia católica en ser condenado por abuso sexual de menores

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En su juventud fue un destacado atleta con perspectivas profesionales en el fútbol de reglas australianas, pero él optó por el sacerdocio y terminó ascendiendo al tercer puesto más poderoso de la iglesia católica hasta llegar a ser mencionado como posible candidato a Papa.

Todo se vino abajo, sin embargo, con su condena por abuso sexual de menores, un escándalo que ha sacudido tanto la Iglesia como su Australia natal.

Y tal vez no fuera casualidad que la reciente cumbre sin precedentes en el Vaticano sobre abuso sexual de menores concluyó el domingo con una homilía de otro prelado australiano, el arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge.

 

“Con el abuso sexual”, dijo el arzobispo Coleridge, “los poderosos colocan sus manos sobre… los más débiles y vulnerables seres del Señor”.

Y Coleridge bien podría estar describiendo a su coterráneo, el cardenal George Pell, pues son pocos los que han sido tan poderosos y luego caídos en desgracia dentro de la iglesia católica.

Ascenso sostenido

Nacido en Ballart, cerca de Melbourne, en 1941 y, tras ser educado en el Convento de Loreto y el Colegio de San Patricio, Pell inició su entrenamiento para el sacerdocio en 1960 en la Universidad de Corpus Christi.

En 1963 viajó a Roma para continuar sus estudios y fue ordenado tres años más tarde en la Basílica de San Pedro.

Tras recibir un doctorado en Historia de la Iglesia de la Universidad de Oxford, regresó a Australia en 1971 para asumir el cargo de sacerdote asistente en Swan Hill, Victoria y luego parroquias alrededor de Ballart.

Para 1996, ya había ascendido a arzobispo de Melbourne, donde fue responsable de iniciar uno de los primeros programas para abordar directamente los reclamos de abuso sexual de menores.

El programa ofreció modestas restituciones de dinero a las víctimas y fue criticado por algunos que decían que fue diseñado para desalentar que los casos fueran a juicio.

Pero los adeptos lo consideraron una medida proactiva para lidiar con el abuso.

Pell fue después nombrado arzobispo de Sídney, antes de que el papa Juan Pablo II lo nominara al Colegio de Cardenales del Vaticano, en 2003, un puesto que le permitió votar en las elecciones papales.

En 2014, Pell regresó a Roma tras ser designado por el papa Francisco como prefecto del Secretariado de Economía, efectivamente encargado de las voluminosas finanzas del Vaticano.

Así le dio inicio a su cargo de cinco años en 2014 con oficinas en el primer piso del Palacio Apostólico.

“Cardenal Rambo”

Pell rápidamente empezó a aplicar nuevos estándares de contaduría: estableció el comité de vigilancia financiera de la Santa Sede para controlar transacciones sospechosas y se aseguró de que las cuentas bancarias del Vaticano fueran auditadas independientemente.

Proyectó una personalidad decidida aunque enfrentó bastante obstrucción.

Y entre algunos funcionarios era conocido como el “cardenal Rambo”, aunque ese apelativo era más cariñoso que peyorativo pues Pell estaba teniendo un impacto positivo en las finanzas de la Iglesia.

El clérigo hizo su nombre como una figura determinada que defendía los valores tradicionales católicos, sosteniendo opiniones conservadoras contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y los anticonceptivos.

Pero su carrera quedó truncada primera por acusaciones de haber encubierto el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes y, luego, ser acusado él mismo de ser un abusador.

Aunque siempre negó los cargos, fue encontrado culpable de abusar de dos niños en 1996.

Golpe para el Papa

La noticia de su condena por abuso sexual de menores es un grave golpe, no sólo para la Iglesia sino personalmente para el papa Francisco, pues Pell era uno de los colaboradores más estrechos del Papa.

No sólo estaba liderando las reformas cruciales de las extensas finanzas de la Iglesia, también ingresó por orden de Francisco al Consejo de Cardenales, un exclusivo órgano de consultoría conocido como el C9, porque sólo tiene nueve miembros.

Fue precisamente el C9 el que exhortó al papa Francisco a que convocara la cumbre sin precedentes sobre el abuso sexual de menores.

Pero este fue tan sólo uno de los muchos departamentos del Vaticano en el que Pell jugó un papel significativo.

Veneno de arriba a abajo

El cardenal Pell era miembro de la Congregación de Obispos, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y de las Sociedades de la Vida Apostólica, y el Consejo Pontifical para la Promoción de la Nueva Evangelización.

Su condena confirma que el veneno del abuso sexual ha infectado todos los niveles de la iglesia Católica.

En 2012, la entonces primera ministra de Australia, Julia Gillard, estableció una Comisión Real para investigar las respuestas institucionales al abuso de menores en ese país.

Se descubrió que 7% de los sacerdotes en Australia habían abusado de niños.

Las acusaciones contra Pell surgieron de la rigurosa investigación australiana de cada institución que tenía acceso a menores.

El estado empezó un proceso que la propia Iglesia parecía incapaz de manejar y, ahora, este ambicioso cardenal de 77 años estará cambiando el Palacio Apostólico por una celda en prisión.

En diciembre de 2018, el papa Francisco lo retiró del círculo interno del Vaticano.

Pero en un giro final de la providencia, o por coincidencia, ni siquiera será necesario para Francisco despedir a Pell de su cargo.

Sus cinco años como prefecto del Secretariado de Economía llegaron a su fin este pasado 24 de febrero.

 

NOTICIAS: BBC

 

 

Crisis en Venezuela: Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, condena el uso de la violencia por las fuerzas de seguridad de Venezuela

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La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los episodios violentos vividos el pasado fin de semana en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia.

“Estas son escenas deplorables. El gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”, afirmó la también expresidenta de Chile en relación a los cuatro muertos y decenas de heridos el fin de semana, cuando fuerzas afines al presidente Nicolás Maduro bloquearon el intento de ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición.

La oficina de Bachelet ha recibido informes “de varios incidentes violentos, en algunos casos prolongados” por parte de las fuerzas de seguridad, pero también otros que “apuntan al involucramiento de grupos armados progubernamentales en los ataques violentos en contra de manifestantes”, según un comunicado.

Bachelet, que se refería a los llamados “colectivos”, (grupos de civiles armados que actúan en Venezuela a favor del gobierno), urgió al gobierno a “frenar estos grupos y arrestar” a quienes atacaron a manifestantes.

“El uso de las fuerzas paramilitares o parapoliciales tiene una larga y siniestra historia en la región“, dijo Bachelet.

NOTICIAS: BBC

Crisis en Venezuela: Grupo de Lima apuesta por ampliar el cerco diplomático contra Maduro y descarta opción militar

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Tras la represión del fin de semana llegaron las condenas y la apuesta por un mayor cerco diplomático.

El Grupo de Lima, conformado por una decena de países latinoamericanos y Canadá, se reunió este lunes en Bogotá, donde condenaron al gobierno de Nicolás Maduro por no haber permitido y, de hecho, haber reprimido “con una violencia indiscriminada” los intentos realizados el sábado pasado por hacer ingresar varios cargamentos de ayuda humanitaria a Venezuela.

En el documento final del encuentro se denuncia “al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder”.

Fue suscrito por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú.

La entrega de ayuda humanitaria -donada por Estados Unidos y otros países- a través de las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y el Mar Caribe fue organizada por la oposición venezolana como un paliativo frente a los problemas de acceso a medicinas y alimentos que viven los ciudadanos.

La operación había sido anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien aseguró que ese cargamento serviría para atender a unos 300.000 venezolanos cuyas vidas están en riesgo por estas carencias.

En enero pasado, Guaidó se juramentó como presidente encargado del país, argumentando que Maduro había sido reelecto en 2018 en unas votaciones fraudulentas y que, por tanto, ahora se encuentra usurpando el poder.

El mandatario, por su parte, acusa a Guaidó de encabezar un intento de golpe de Estado y aseguró que no admitiría la ayuda porque Venezuela no la necesita y, además, porque la consideraba una estrategia para justificar una intervención militar extranjera en el país.

Cerco diplomático

El sábado, el gobierno de Maduro mantuvo cerradas las fronteras por donde estaba prevista la entrada de la ayuda internacional.

Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, junto a los grupos armados progubernamentales -conocidos en Venezuela como “colectivos”- reprimieron a los voluntarios que intentaron cruzar hacia Venezuela con la ayuda.

El saldo, según la ONG Foro Penal, fue de dos muertos y de unos 60 heridos de bala.

Además, uno de los camiones con ayuda humanitaria fue incendiado en uno de los puentes fronterizos entre Venezuela y Colombia.

En su declaración, el Grupo de Lima anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que tome en consideración “la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad”, en las investigaciones que lleva adelante esa instancia en contra del gobierno venezolano.

También anunciaron que impulsarán la designación de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que propiciarán la discusión sobre la situación en ese país en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como en la Organización de Estados Americanos.

También se comprometieron a realizar gestiones ante el Secretario General de la ONU para que impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que ocurre en Venezuela.

Según los países firmantes, “la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”.

También en la arena internacional, los países del Grupo de Lima ratificaron su apoyo a Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela y anunciaron que promoverán que las organizaciones internacionales y los mecanismos de coordinación multilaterales reconozcan como representantes legítimos de Venezuela a las personas designadas a tales fines por él.

Diferencias por el uso de la fuerza

Pero si en la arena diplomática el Grupo de Lima mostró su disposición a ampliar el cerco diplomático que enfrenta Maduro, en su declaración también dejaron claro que no quieren salirse de este marco de soluciones y, concretamente, descartaron la posibilidad de acudir al uso de la fuerza.

“La transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”, señalaron en la declaración.

Un punto en el que la posición del Grupo de Lima no coincide con la del gobierno de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, Mike Pence, reiteró en esa reunión en Bogotá que para Washington a la hora de lidiar con Maduro “todas las opciones” están sobre la mesa.

 

NOTICIAS: BBC

Referendo en Cuba: la nueva Constitución se aprueba pese a cifra récord de votos en contra

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Como se esperaba, Cuba dijo “Sí” a su nueva Constitución. Pero la opción por el “No” hizo historia.

El nuevo proyecto de Carta Magna promovido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel fue aprobado con el respaldo del 73,3% del padrón electoral, lo que supone el menor nivel de apoyo al gobierno en unas elecciones en la Cuba comunista.

Según informó la Comisión Electoral Nacional, el 86,85% de las boletas de las personas que participaron en el referendo fueron a favor de la propuesta del gobierno, mientras el 9% (706.400) votó para rechazarla y el 4,1% restante correspondió a votos en blanco o nulos,

Del total del padrón (9.292.277), el 84,4%, ejerció el derecho al voto, mientras el resto no acudió a las mesas electorales.

Votaron por el “Sí” un total de 6.816.169 cubanos, lo que representa el 73.31 % de los electores.

Esto indica indica que, en total, cerca del 26,7% del padrón (unos 2,5 millones de electores) no apoyaron de una forma u otra el proyecto (ya sea no yendo a votar, votando en contra, anulando su boleta o dejándola en blanco).

En 2002, otro referendo constitucional convocado por el gobierno para decretar el carácter “irrevocable” del socialismo fue respaldado con el 99,25% de las personas con derecho a voto.

Cuando se sometió a votación la actual Constitución en 1976, la ratificaron un 98%de votos con una participación de 99,02%. Solo 54.000 personas se opusieron.

Los cubanos con residencia en el exterior (unos 2 millones, según algunos estimados) no tuvieron derecho al voto (únicamente se permitió a las personas que trabajan en alguna “misión” del gobierno).

Las autoridades, por demás, realizaron una fuerte campaña por el “Sí”, que incluyó tildar de “traidores” a las personas que proponían un voto contrario a la nueva Carta Magna.

La opción por el “No” no tuvo posibilidad de campaña y algunas personas que lo promovían fueron encarceladas o reprimidas.

En Cuba, no hay observadores independientes de las elecciones, aunque los ciudadanos pueden ser testigos del conteo de votos.

Además, las elecciones de cualquier tipo suelen tener niveles muy bajos de abstencionismo y generalmente las voces en contra de las propuestas del gobierno no superan el 1%, de ahí que sectores de la oposición califiquen de histórica la opción del “No” en estas votaciones.

“Siento inmenso orgullo de ser parte de nuestro heroico, valiente y firme pueblo. Un pueblo así merece siempre la victoria. Qué tremendo homenaje a los padres de la nación, a (el procer independentista José) Martí, Fidel y Raúl (Castro). Vencimos y vamos por más. Viva Cuba Libre!” escribió en Twitter Díaz-Canel.

Raya

Los resultados en datos:

Padrón electoral: 9.298.277 (no incluye a residentes en el extranjero)*

Asistencia: 7.848.343

Por el “Sí”: 6.816.69

Por el “No”: 706.400

Boletas anuladas: 127.100

En blanco: 198.674

Electores que no votaron: 1.443.934

Total de personas que no apoyaron de una forma y otra el proyecto del gobierno: 2.476.108

*En las elecciones previas celebradas en Cuba en febrero de 2018, el padrón electoral distribuido por las autoridades fue de 8.639.989 personas. El pasado domingo, tan solo 11 meses después, el nuevo padrón ascendía a 9.298.277, lo cual significó un incremento de 658.288 ciudadanos.

Raya

Nueva Constitución

Más de 9 millones de cubanos fueron llamados a votar por el nuevo texto que fue discutido por más de un año y que generó amplias expectativas y un acalorado debate en algunos sectores de la sociedad civil.

Con su aprobación, la isla reconoce legalmente por primera vez en casi cinco décadas la propiedad privada, el mercado y la inversión extranjera, reintroduce la figura del primer ministro y, tras 59 años en los que el poder se centró entre Fidel y Raúl Castro, limita a dos periodos los mandatos de sus presidentes.

Así, de acuerdo con expertos consultados previamente por BBC Mundo, su mayor mérito es poner en forma de ley una serie de reformas que inició hace más de una década el expresidente Raúl Castro tras la enfermedad de su hermano Fidel (y que no eran legales si se seguía lo establecido en la Carta Magna vigente).

Entre otros de sus aportes, se encuentra un mayor reconocimiento de derechos fundamentales, incluidos algunos muy novedosos en el contexto cubano, como el derecho a la información y el acceso a datos personales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y varias tipologías de familias.

Sin embargo, otros temas que generaron también expectativas como el matrimonio igualitario o la elección presidencial directa quedaron fuera de la agenda.

La nueva Carta Magna tampoco modifica el sistema político de la isla y declara al Partido Comunista “único, martiano, fidelista, marxista y leninista”, como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

No reconoce tampoco la libertad de asociación ni de ideología y no se reconocen los derechos comunicativos, la protección animal ni la existencia de la sociedad civil.

De ahí que el proyecto que se votó fuera considerado por algunos críticos como una variación limitada del texto de 1976.

Desde el momento en que el gobierno cubano propuso una nueva Constitución para la era post-Castro, siempre pareció probable que sería aprobada de manera contundente.

Una combinación del control total del Estado sobre los medios de comunicación y los espacios públicos para hacer campañas, así como décadas de intimidación a quienes se atreven a desobedecer la voluntad del gobierno, implicó que la campaña por el “No” siempre tuvo dificultades para convencer a las personas de rebelarse.

Al final, alrededor del 9% optó por votar abiertamente “No”, mientras que otro 4% dejó su boleta de votación en blanco o las anuló.

Eso deja un enorme 86,8% de los votos a favor de la nueva Constitución, que significará un puñado de cambios políticos que incluyen la creación del cargo de primer ministro y la introducción de un límite de dos mandatos de cinco años para el ejercicio del cargo de presidente.

Aún así, la mayoría de los activistas del “No” se sentirán desanimados.

Muchos habían argumentado que todo el proceso era un plan del Estado para aumentar su control, disfrazándolo con solo unas pocas medidas de liberalización.

Ciertamente, el Partido Comunista de Cuba seguirá siendo el único organismo real de toma de decisiones en la isla, con control sobre los temas de impuestos, importaciones, inversiones y acumulación de riqueza.

A eso, se añade el hecho de que la nueva Constitución no hace mención al voto directo para elegir al presidente y que muchos cubanos comunes sienten que su liderazgo está más desconectado de ellos que nunca.

NOTICIAS: BBC

 

 

Crisis en Venezuela: ¿quién está comprando el petróleo venezolano tras las sanciones de Estados Unidos?

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El petróleo domina la economía de Venezuela y representa prácticamente la totalidad de sus ingresos de exportación.

Pero, en la última década, la producción de petróleo se ha desplomado y el país se encuentra en una profunda crisis económica.

Y, recientemente, Estados Unidos impuso fuertes sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar por la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Así las cosas, ¿cuál es el impacto de las sanciones y quién está comprando el petróleo venezolano hoy en día?

¿Qué efecto tienen las sanciones?

Las sanciones impiden que las empresas estadounidenses hagan negocios con la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y congelan los activos de esta compañía en Estados Unidos.

Estas medidas no eliminan completamente las importaciones, pero sí requieren que los pagos se realicen en cuentas a las que PDVSA no puede acceder.

Analistas consultados por BBC Mundo dicen que debido a las sanciones el gobierno venezolano no tiene cómo beneficiarse de las ventas de petróleo a Estados Unidos, ya que no puede tocar el dinero.

Y las sanciones también afectan el acceso a los químicos requeridos para procesar el petróleo.

El crudo pesado de Venezuela es casi sólido cuando sale del suelo, por lo que no puede fluir a través de tuberías.

Necesita químicos disolventes como la nafta para convertirse en una sustancia más liviana que se pueda exportar, pero las sanciones no permiten su exportación por parte de empresas estadounidenses.

Parece ser que la firma rusa Rosneft está ahora exportando este material a Venezuela.

 

 

¿A dónde va el petróleo de Venezuela ahora?

Según la firma Kpler, actualmente hay busques petroleros con una capacidad de 10 millones de barriles de petróleo varados frente a las costas venezolanas.

Originalmente estaban destinados a Estados Unidos, pero ahora están inmovilizados como consecuencia de las sanciones.

El gobierno de Venezuela ha estado buscando nuevos compradores de petróleo y dice que quiere duplicar los envíos a la India.

Pero aunque ha habido un aumento en las exportaciones a la India, ese no es un incremento sustancial, dice el analista de petróleo crudo Samah Ahmed.

Las exportaciones a China tampoco son alentadoras, y de hecho han disminuido a raíz del declive general de la producción de petróleo en Venezuela.

Gráfico.

 

Vender más petróleo en Asia también aumentaría los costes de transporte, ya que los puertos en Venezuela no están bien equipados para cargar camiones cisterna que puedan viajar largas distancias.

Aun así existe una gran demanda de crudo pesado como el que se encuentra en Venezuela.

Ahora mismo hay una escasez mundial de petróleo debido a las sanciones al petróleo iraní, mientras que los niveles más bajos de producción en Canadá, México y los países miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) también han impactado la reserva global.

Los importadores estadounidenses deberán encontrar nuevos proveedores de crudo pesado, que se utiliza para producir diesel y combustible para aviones.

“La crisis venezolana ha hecho que el crudo pesado sea más caro para Estados Unidos“, dice la analista Paola Rodriguez-Masiu, de la consultora de petróleo y gas Rystad Energy.

Pero esto no ayudará a una Venezuela desesperada por encontrar nuevos mercados para su petróleo en un momento de gran crisis económica y política.

Parece ser que las sanciones seguirán golpeando duramente al país.

 

NOTICIAS: BBC MUNDO

La malograda entrevista de Jorge Ramos a Nicolás Maduro que terminó con el periodista de Univisión retenido en el palacio de Miraflores y deportado de Venezuela

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El periodista de la cadena estadounidense Univisión Jorge Ramos terminó convirtiéndose en un protagonista más de la crisis venezolana por cuenta de una malograda entrevista con el presidente Nicolás Maduro.

Según Ramos, la entrevista que Maduro le concedió el lunes en Caracas fue suspendida de forma abrupta “después de aproximadamente 17 minutos” y terminó con él y su equipo “detenidos por más de dos horas dentro del palacio de Miraflores”.

Y el periodista y su equipo se encuentran en estos momentos en el aeropuerto de Maiquetía esperando un vuelo a Miami, luego de haber sido expulsados de Venezuela por orden de las autoridades venezolanas.

La situación ha sido descrita por el gobierno venezolano como “un show y un montaje” organizado desde Washington.

Pero para el presentador de Univisión -que le niega a Maduro el título de presidente de Venezuela y lo describe como “líder”- al mandatario venezolano simplemente no le gustó el camino que iba tomando la entrevista.

“Uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo”, dijo Ramos, quien en el pasado también ha protagonizado choques con el presidente de EE.UU. Donald Trump.

“No tenemos nada (…) La entrevista la tienen ellos“, agregó el periodista.

“Falso positivo”

Rodríguez, por su parte, describió la situación como “un show”, “un montaje” y “un falso positivo” inventado por el departamento de Estado de EE.UU.

Por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo “, dijo el ministro de Comunicación venezolano.

“No nos prestamos a shows baratos”, insistió el ministro.

Venezuela atraviesa desde hace años una profunda crisis política y económica, que se agravó luego de que numerosos países decidieran desconocer la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018.

El 23 de enero, el opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), se autoproclamó “presidente encargado” del país, recrudeciendo el conflicto político entre ambas partes.

 

NOTICIAS: BBC MUNDO